lunes 28 de noviembre de 2011

Vincho propone creación impuesto para beneficiar ocupantes terrenos




   
El asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio (Vincho) Castillo, exhortó este domingo al presidente Leonel Fernández a sensibilizarse con el problema de cientos de familias que ocupan de terrenos del Estado o privados, quienes son sacados de dichos predios sin ninguna consideración.
 Al calificar la situación como grave y delicada, el jurista reveló que propuso al presidente mandatario colocar, mediante un decreto, un impuesto de transferencia a la venta de los terrenos de vocación turística que estén ocupados por personas que carecen de  títulos de propiedad, y que son reclamados por sus auténticos propietarios.

 El funcionario explicó que los ingresos recaudados con ese impuesto se puedan favorecer  a las familias que demuestren que su presencia en esos terrenos es antigua, pacífica y que aporta a la comunidad.


 En su programa “La Respuesta”, que se transmite por Digital 15, Castillo criticó los desalojos que se producen en distintos lugares del país por parte de antiguos dueños que debido a la plusvalía que adquieren los terrenos, sacan las familias que lo habitan que aunque legalmente no son los propietarios de las tierras por carecer de un certificado de título, sí tienen el derecho que la naturaleza le ha concedido ya que han vivido en esos lugares por generaciones.
 Puso como ejemplo, un caso ocurrido la semana pasada en la comunidad de Cueva de Agua en las inmediaciones de las Galeras en la provincia de Samaná,  donde 24 familias fueron desalojadas  y destruidas sus viviendas de unos terrenos con potencial turístico quienes ocuparon el edificio de la gobernación provincial donde incluso una señora alumbró en medio de la precariedad.
 “Hay una confrontación entre el estatuto jurídico, el derecho de propiedad salva cordado en constitución y las leyes de la República, y el estatuto social, humano, de la presencia de  la familia en los predios”. Afirmó.
 Aseguró además, que la constitución manda al Estado a proteger y ofrecer solidaridad a la familia.

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